La Segunda República (I)

Cuando el 14 de abril de 1931 se proclamó la República en Éibar, los republicanos encontraron ante sí los inmensos retos, siempre pospuestos, que tenía planteados la sociedad española: la reforma agraria, la reforma militar, la cuestión catalana, el sistema de enseñanza y las relaciones entre la Iglesia y el Estado. Todo ello en un ambiente poco propicio, con un giro hacia regímenes de derecha en el contexto europeo que hacía poco vistoso el nuevo régimen para la élite internacional (la banca Morgan canceló de inmediato un préstamo de 60 millones de dólares que había concedido a la monarquía). Además, la República heredaba las consecuencias de los errores económicos de la dictadura de Primo de Rivera: las obras públicas habían generado una grandísima deuda, y la crisis de la peseta que Calvo Sotelo no había sabido resolver se había agravado porque los ricos, temerosos de que la República hiciera una reforma fiscal que les afectara, habían transferido parte de su dinero al exterior. 

Pese a todos estos condicionantes, los hombres del gobierno provisional (procedentes de siete partidos diferentes), se dispusieron a gobernar desde el primer día y, mientras preparaban la convocatoria a Cortes constituyentes para redactar la Constitución republicana, tomaron medidas de un calibre y de una profundidad desconocidos hasta entonces en España. 

Durante los meses de abril, mayo y junio, el Gobierno no paró de promulgar decretos relacionados con la cuestión de la tierra. En espera de una ley de reforma agraria, prohibió expulsar a los arrendatarios de las fincas, obligó a los propietarios a no dar trabajo a jornaleros de otros municipios hasta que no lo tuviesen los del propio, forzó a los patronos agrícolas a cultivar la tierra según los usos y costumbres de la zona, aplicó al campo las mismas leyes de seguridad y protección de que gozaban los obreros industriales (incluida la jornada de 8 horas), y el sistema de jurados mixtos para arbitrar los conflictos laborales. El 21 de mayo creó la Comisión Técnica Agraria para que redactase un proyecto de ley de reforma por el que pudieran asentarse cada año de 60.000 a 75.000 familias, y para dirigir este proyecto se creó el Instituto de Reforma Agraria que, por falta de presupuesto, no pudo ser dotado de forma adecuada. 

El nuevo ministro de la Guerra, Manuel Azaña, acometió la reforma del estamento militar ofreciendo a generales, jefes y oficiales que lo desearan pasar a la reserva con la paga íntegra y los incrementos sucesivos que les hubiesen correspondido de seguir en activo, redujo las 16 capitanías generales a 8 "divisiones orgánicas", suprimió el grado de teniente general, hizo revisar los ascensos por méritos de guerra, redujo el servicio militar obligatorio a un año y ordenó clausurar la Academia General Militar de Zaragoza que dirigía el general Franco. La reforma militar no supuso un saneamiento total ni una modernización del ejército, pese a lo cual fue esgrimida más tarde como un intento de triturar militares que justificaba una rebelión (sic). El Gobierno cometió, además, el error de mantener al general Sanjurjo al frente de la Guardia Civil. La República creó otro cuerpo policial más afín, la Guardia de Asalto, al no fiarse del todo de la lealtad de algunos.

La cuestión catalana adquirió un protagonismo inmediato. Las elecciones de abril habían dado el triunfo a Esquerra Republicana de Catalunya, el partido de clases medias dirigido por Macià y Companys. El mismo 14 de abril, ambos políticos habían proclamado el nacimiento de una república catalana que veían inserta en una estructura federal del Estado. No era eso lo que se había negociado en el pacto de San Sebastián entre los republicanos de toda España, y tres días después el gobierno provisional de la República envió a Barcelona a tres de sus ministros (Marcelino Domingo, Lluís Nicolau d'Olwer y Fernando de los Ríos) para que negociasen con Macià y Companys la vía que había de seguirse hasta que las Cortes aprobaran el prometido Estatuto de Autonomía. Macià aceptó ser nombrado presidente del gobierno de la Generalitat de Catalunya por un decreto el 21 de abril. 

Las relaciones de una República laica con la Iglesia católica no podían ser fáciles, entre otras cosas porque el Concordato de 1851 aún seguía vigente. Tan sólo 15 días después de la proclamación de la República, el cardenal Pedro Segura, primado de España, había emitido una pastoral denunciando la voluntad del gobierno provisional de establecer la libertad de cultos y separar la Iglesia y el Estado. El cardenal exhortaba en su carta a los católicos a que en las futuras elecciones a constituyentes votaran contra los nuevos gobernantes que, en su opinión, querían destruir la religión. La prensa católica se dedicó a defender los privilegios de la Iglesias sin poner en tela de juicio la nueva forma de gobierno desde las páginas de El Debate (diario de Acción Católica) mientras que el diario ABC se alineó con las tesis más integristas. Ante esta actitud, los gobernantes republicanos expulsaron del país al cardenal Segura y a otro clérigo irreductible, Mateo Múgica, obispo de Vitoria. Segura se instaló en Francia y dio instrucciones a sus sacerdotes para que, por medio de testaferros, vendieran bienes eclesiásticos y evadieran el dinero de España. El 3 de junio, los obispos españoles enviaron al presidente del gobierno provisional una carta colectiva denunciando la separación Iglesia-Estado y protestando por la supresión de la enseñanza obligatoria de la religión en las escuelas. 

Dado que el analfabetismo rondaba aún por el 45% de la población, el 23 de junio el gobierno provisional creó por decreto 7.000 nuevas plazas de maestro incrementando sus sueldos en un porcentaje entre el 15 y el 50 por ciento. Asimismo se ordenó la construcción inmediata de 7.000 nuevas escuelas que debían costearse entre los ayuntamientos, que cederían los terrenos, y el Estado, que abonaría el 75% de la construcción y pagaría los sueldos de los nuevos maestros. Se suprimió, como dijimos antes, la obligatoriedad de enseñar religión en las escuelas públicas.

La rapidez y contundencia de todas estas medidas explicó mejor que cualquier discurso lo que las viejas clases dirigentes podían esperar de los nuevos gobernantes. Su reacción fue inmediata: había que acabar enseguida, por cualquier medio, con el régimen recién nacido antes de que fuese demasiado tarde. Sólo dos meses y medio después de ser proclamada la República, Manuel Azaña escribió en su diario: "Me informan de que a un capitán de artillería le han propuesto que ingrese en una organización dirigida por Barrera, Orgaz y no sé qué otro general para derribar la República".

Pero, al mismo tiempo que legislaba por decreto, el gobierno provisional tuvo que hacer frente a graves problemas de orden público. Durante los días 11 ,12 y 13 de mayo Madrid vivió una algarada en la que se incendiaron iglesias y conventos y se atacó la sede del diario ABC. En otras ciudades como Alicante, Sevilla o Cádiz se produjeron también tumultos e incendios, y en Málaga, además de iglesias y conventos, se atacó a la Unión Mercantil y a la Cámara de Comercio. Estos disturbios obligaron finalmente al gobierno a decretar la ley marcial y reprimir con dureza a los tumultuosos. Pero la derecha no olvidaría nunca la frase que se atribuyó a Azaña de que todas las iglesias de España no valían la vida de un solo republicano.

Seguiremos más adelante en próximas entregas. La información, datos y textos están sacados de libros como La guerra civil española, de Anthony Beevor, Diarios completos, de Manuel Azaña, La reforma militar de Azaña, 1931-1933, La República española y la Guerra Civil, de Gabriel Jackson, La reforma agraria de la Segunda República y la situación actual de la agricultura española, de Pascual Carrión.